María Jesús Montero, reelegida Ministra de Hacienda y Función Pública ha trasladado su agradecimiento al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su nombramiento como vicepresidenta cuarta del nuevo Ejecutivo.
«Sin un minuto que perder, seguiremos avanzando en políticas eficaces para modernizar nuestra economía, garantizando mayor justicia social y ampliando derechos», ha señalado la también diputada del PSOE en el Congreso por Sevilla en un mensaje publicado en la red social ‘X’, antes ‘Twitter’.
Sánchez ha decidido reforzar el ala económica de su nuevo Gobierno, poniendo al frente de las cuatro vicepresidencias a ministras del ramo. Una de las novedades más importantes es el ascenso de Montero, a la vicepresidencia cuarta del Ejecutivo.
Desde Hacienda, Montero tendrá que acometer, después de tres años de reglas fiscales suspendidas, la reducción del déficit y de la deuda pública, que supera el 100% del PIB después de las medidas adoptadas por el Covid o la guerra de Ucrania.
La tarea más inmediata de la que tendrá que encargarse será la elaboración y presentación del límite de gasto no financiero (techo de gasto), previo al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024, teniendo en cuenta que Bruselas prevé reactivar las reglas fiscales este próximo año, tras la parálisis por el impacto económico de la pandemia, la guerra en Ucrania y la escalada de precios, espacialmente energéticos.
Por ello, y ante un arco parlamentario tan fragmentado, tendrá que esforzarse por recabar los apoyos suficientes para que, por cuarto año consecutivo, puedan ver la luz unas nuevas cuentas públicas en España para el año 2024.
Lo que sí se ha dejado claro desde el Ejecutivo es que las cuentas se elaborarán en base a la responsabilidad fiscal. De hecho, el plan presupuestario remitido ya a Bruselas el pasado mes de octubre ya incluye una previsión de déficit en el entorno del 3% para el año próximo –en línea con lo que fijarán las reglas europeas– y una ratio de deuda pública el próximo año del 106,3%, lo que supondrá una reducción de 14 puntos respecto a su valor en 2020.
Ello estará asentado sobre un escenario macroeconómico que apunta a un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 2% el próximo año, la creación de 700.000 empleos en 2023 y 2024 y un aumento de la recaudación impositiva del 7,5%.
Pero ante un contexto tan incierto, también se tendrá que perfilar la prórroga de algunas de las medidas excepcionales para hacer frente al impacto económico de la guerra en Ucrania y la subida de precios. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha adelantado la prórroga de la rebaja del IVA a alimentos –que caducaba el 31 diciembre– hasta junio de 2024, seis meses más.
Se trata, en concreto, de la supresión del IVA del 4% que se aplica a todos los alimentos de primera necesidad (pan, harina, leche, queso, huevos, etc.) y de la rebaja del 10% al 5% del aceite y la pasta. Sobre si se prorrogará la reducción del IVA en la factura de la luz y gas no se ha pronunciado, medida que también expira el 31 de diciembre.
Impuestos a la banca y las energéticas
Pero además, el acuerdo entre PSOE y Sumar recoge la revisión de los gravámenes a entidades financieras y empresas energéticas, con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual, para que ambos sectores «sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar».
También se evaluarán los resultados del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas con el objetivo de avanzar hacia una nueva tributación de la riqueza en el marco del modelo de financiación autonómica para acabar con la competencia fiscal desleal entre territorios.
Asimismo, se fijará un tipo del 15% en el Impuesto de Sociedades sobre el resultado contable –en lugar de sobre la base imponible como hasta ahora– para recaudar 10.000 millones adicionales.
Reforma fiscal para las familias
Además, Montero tendrá que liderar una reforma fiscal «orientada a las familias y coordinada con la política de gasto social», por lo que se plantea una mejora de los incentivos por hijo y por dependencia y cuidados tanto en el IRPF como en las políticas de gasto.
También se quiere impulsar una mejora de la fiscalidad de autónomos y pymes, aumentando los incentivos para impulsar su apuesta por la transición ecológica y digital.
Se pondrá en marcha una Estrategia Integral para la Productividad que coordine las políticas públicas en el ámbito de la educación, la innovación, el mercado laboral y la adopción tecnológica. Para ello, se creará el Consejo Nacional por la Productividad, emulando el que ya tienen varios países europeos, para que se encargue de su monitorización y establezca recomendaciones de actuación para alcanzar los objetivos previamente fijados en dicha Estrategia.
