Isabel Ambrosio, portavoz de área de fomento del grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía ha advertido de que «todos los contratos» de la Junta que ha analizado hasta ahora le llevan a «concluir que se ha articulado un procedimiento orquestado para adjudicar de manera directa contratos públicos a quien decida el dedo del Gobierno» de Juanma Moreno, «sin publicidad, sin control y fiscalización, y en fraude de ley», por lo que no descarta apoyar la creación de una comisión de investigación al respecto en el Parlamento andaluz, si bien antes prefiere seguir recopilando información sobre esta materia.
La socialista traslada la «preocupación» de su grupo «ante las informaciones que se han ido conociendo» en los últimos días por parte de los medios de comunicación «del denominado ‘caso Emergencias'», y después de que desde el Grupo Mixto-Adelante Andalucía se haya registrado la solicitud de creación de una comisión de investigación en el Parlamento en torno a los contratos de emergencia de la Junta en el marco de los años 2020, 2021 y 2022.
La representante del PSOE-A ha sostenido que «la gestión del procedimiento de contratación está dejando al aire las vergüenzas del Gobierno de Moreno», y al respecto ha aludido a los «enchufes» de los «contratos exprés» durante la pandemia de Covid-19, y al «desvío de 243 millones de euros a la sanidad privada desde 2021, sin control».
«Ahora sabemos que las irregularidades amparadas en las contrataciones de emergencia se han extendido a otras consejerías», ha advertido Isabel Ambrosio, que se ha referido en concreto al departamento de Fomento que dirige Marifrán Carazo, a quien ha insistido en reclamar que dé explicaciones en la comisión parlamentaria vinculada a su consejería, donde este próximo jueves está citada para comparecer, a petición del Grupo Socialista, en relación a las contrataciones de obras de emergencia en reparaciones y mantenimiento de carreteras.
La representante del PSOE-A ha emplazado a Carazo a explicar, antes de dejar el Gobierno andaluz para centrarse en su candidatura a la Alcaldía de Granada por el PP en las elecciones locales del 28 de mayo, la «curiosa coincidencia familiar que ha aparecido en los medios de comunicación en los últimos días«, después de que la Consejería de Fomento adjudicara un contrato de mantenimiento de carreteras en Cádiz a una empresa, Barveal, «sin trabajadores, ni experiencia ni solvencia» y cuya sede «es un domicilio particular», a la vez que la sociedad del padre de la administradora única de dicha firma –Juan Veas– «fue agraciada también con contratos similares para reparar el firme de carreteras gaditanas».
Barveal, según ha indicado Ambrosio, «no estaba en el Registro de Licitadores de la Junta ni del Estado«, mientras que la empresa de Juan Veas aparecía «como licitador de Fomento, pero no contaba con calificación habilitante ni había depositado en el Registro Mercantil las cuentas de 2020 ni las de 2021».
Por tanto, la portavoz socialista ha subrayado que el Gobierno de Moreno Bonilla «desconocía las cifras de negocio de estas empresas», y al respecto ha defendido que, «en un contexto de contratación de emergencia, ante la responsabilidad de reparar y mejorar una carretera de manera urgente en condiciones normales», la Junta «debería tener bastante claro que la solvencia, la capacidad demostrada y la experiencia» deberían ser los elementos a priorizar a la hora de invitar a empresas a concurrir a estas adjudicaciones.
«Pero esta lógica aplastante no ha sido tenida en cuenta por el Gobierno de Moreno, y no ha sido ese el criterio que se ha utilizado para el llamamiento o la invitación» a concurrir a las adjudicaciones, ha denunciado la portavoz socialista, quien por ello se ha preguntado «quién invitó en el Gobierno del PP» a las referidas dos empresas «sin solvencia demostrada, sin calificación, a participar en esos procesos de contratación sin publicidad», y por qué se invitó «a esas empresas, que además son grandes desconocidas en el sector de la construcción, y no a otras».
Investigación exhaustiva
Para el PSOE-A, «todo apunta a que ha tenido que haber un padrino, una madrina, para que estas empresas lleguen a ser invitadas y sean adjudicatarias del contrato de emergencia con la mayor cuantía a lo largo del año 2021″, según ha abundado Isabel Ambrosio antes de incidir en que la consejera tendrá el jueves una «magnífica oportunidad» para «empezar a dar esa explicación» en la comisión de Fomento.
Si no lo hace, según ha advertido la diputada socialista, «la sombra de la sospecha se va a seguir extendiendo, y está claro que algo huele mal en este asunto, en esa maquinaria de contratación de la Junta de Andalucía».
Al respecto, Ambrosio ha remarcado que el PSOE-A está llevando a cabo «una exhaustiva investigación de todos los contratos de emergencia realizados por el Gobierno de la Junta de Andalucía tras la derogación de ese decreto estatal que permitía este tipo de contrataciones por motivo del Covid»; es decir, «desde el 9 de mayo de 2021 hasta el día de hoy», y ha incidido en que «hay argumentos más que suficientes para insistir en que se ha cometido un fraude de ley de manera continuada y a sabiendas».
Múltiples irregularidades
En esa línea, ha sostenido que el PSOE-A ha comprobado «el abuso del dedazo» en las consejerías de Fomento y de Salud y que está analizando todas las consejerías de la Junta. «Y por lo que estamos encontrando, todo lo que hemos conocido es la punta del iceberg de múltiples irregularidades que va a poner contra las cuerdas al Gobierno de Moreno Bonilla en este caso», y en esa línea ha remarcado que desde el Grupo Socialista van a «seguir analizando toda la documentación» y a «llegar hasta el final».
A preguntas de los periodistas sobre la comisión de investigación que ha solicitado en el Parlamento el grupo de Adelante Andalucía, Isabel Ambrosio ha señalado que el «planteamiento» del Grupo Socialista al respecto de los contratos de emergencia de la Consejería de Salud que ya ha trasladado el presidente del mismo y secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, pasa por que el partido se persone «ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas para exigir todo tipo de detalles sobre estos contratos».
«Vamos a seguir investigando, a seguir ampliando la información con la que contamos en este momento, y desde luego vamos a exigir todas las responsabilidades en todos y cada uno de los aspectos, responsabilidades políticas y presupuestarias», ha abundado la representante socialista, quien ha defendido que su grupo es «serio» y no quiere «precipitarse», de forma que cree que «primero hay que conocer el contenido» de dichos procedimientos «para luego pedir esas explicaciones, sean del ámbito en el que sea», y en ese sentido «no descartamos una comisión de investigación», como tampoco «la posibilidad de llegar hasta el ámbito judicial», según ha zanjado Isabel Ambrosio.
