Continúan los ecos de la contratación del exviceconsejero de Salud del PP por parte de una empresa sanitaria a la que benefició con hasta 44 millones en ayudas a dedo será “una pieza más de la macrocausa de Moreno Bonilla”. Así lo ha expuesto la portavoz socialista Ángeles Férriz, que pide a Juanma Moreno explicaciones por este “modus operandi” que supone “cargarse la sanidad pública para que sus amigos hagan negocio a costa de las y los andaluces”.
“Denunciamos desde el PSOE el desvío de fondos públicos y el nuevo escándalo protagonizado por el exviceconsejero de Salud. Parece más una banda que un gobierno ante el nido de desfachatez, indecencia e impunidad existente”, ha dicho Ángeles Férriz.
«El pelotazo del exviceconsejero de Salud es un caso más dentro del procedimiento urdido por el Gobierno de Moreno Bonilla. Han desviado dinero público a lo privado, mediante contratos irregulares, sin control ni fiscalización. Son adjudicaciones a dedo».
«Fraude y corrupción sanitaria»
También en las últimas horas se pronunciaba la ministra de Sanidad, Mónica García, quien habla de «puerta giratoria de libro» y de «fraude y corrupción sanitaria», a la vez que ha lamentado que el dinero que tendría que haber ido a paliar «las enfermedades de los andaluces» haya acabado en una empresa.
«Otro triángulo amoroso entre el Partido Popular y una aseguradora privada, qué casualidad, ¿no? Contratos de emergencia que acaban en aseguradoras privadas y casualmente la persona que los otorga o que los da, pues acaba en esa aseguradora privada», ha manifestado la ministra.
Por Andalucía pide endurecer la Ley de Incompatibilidades
El grupo parlamentario Por Andalucía ha anunciado este jueves el registro de una proposición de ley con la que plantea una reforma para «endurecer» la Ley 3/2005, de 8 de abril, de incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de declaración de actividades, bienes e intereses de altos cargos y otros cargos públicos.
Se trata de «reforzar la protección» legal ante las «puertas giratorias» que puedan protagonizar ex altos cargos de la administración, según han defendido desde Por Andalucía, que ha informado este jueves en una nota de la presentación de dicha proposición de ley relativa, concretamente, al «refuerzo de la obligación de exclusión de altos cargos en situación de incompatibilidad en empresas licitadoras de contratos públicos».
Por Andalucía ha defendido que el objetivo de esta iniciativa es «proteger el interés general cuando la ley se incumpla», para lo cual plantea, de un lado, recuperar la redacción del artículo 9 de la citada Ley 3/2005, que fue «modificada vía decreto» por el Gobierno de Juanma Moreno (PP-A), según han subrayado desde la coalición.
Respuesta de la Junta
La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha señalado que espera que Función Pública, de la Consejería de Justicia, emita «en breve, en esta semana» el informe sobre incompatibilidad o no del exviceconsejero Miguel Ángel Guzmán tras conocerse su contratación por la aseguradora privada Asisa.
La responsable andaluza de Salud ha apuntado además que será el órgano de contratación del Servicio Andaluz de Salud (SAS) el que «tendrá que estudiar si efectivamente podemos o no contratar» como Administración con Asisa.
Catalina García ha mantenido que el exviceconsejero y ex gerente del SAS no comunicó su vuelta a la privada lo que habría permitido poder contar antes con el informe de incompatibilidad o no. En cualquier caso, ha insistido en que «cuando una persona accede a un cargo público político tiene que tener la posibilidad de volver a trabajar».
Igualmente, ha recordado que Miguel Ángel Guzmán «viene del ámbito privado» y que «tiene que volver a trabajar siempre de acuerdo con la Ley» después de presentar su dimisión por «motivos personales», como se argumentó en diciembre al conocerse su marcha. «No vamos a hacer nada que incumpla la Ley. Les dejo tranquilos con eso», ha apostillado la consejera de Salud.
