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Los problemas informáticos del sistema de gestión ‘Adriano’ aumentan los problemas del sistema judicial andaluz

Informativo Crónica Informativo Crónica
8 de marzo de 2024
Palacio de Justicia Sevilla

Foto: Wikipedia

Nueva situación de colapso en la justicia andaluza. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía ha alertado este jueves de que el nuevo sistema de gestión procesal @Adriano «atenta contra la salud de los profesionales de la Administración de Justicia» y ha solicitado a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública la «realización urgente» de una evaluación de riesgos psicosociales en todos los órganos judiciales en los que se está implantando.

En relación con los «problemas» que está generando el despliegue de este sistema en toda Andalucía –en estos momentos, la Junta está centrada en la jurisdicción Penal, que supone el 60% del total de los trámites judiciales–, el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha pedido «disculpas» a los trabajadores, ha achacado los «problemas» a «un mal trabajo» por parte de la Administración socialista y ha asegurado que estará completamente instalado en junio de este año.

«Esta pesadilla va a acabar», ha asegurado Nieto en declaraciones a los medios con motivo del I Plan de Igualdad en el sector judicial. «El nuevo sistema @driano, que se puso en marcha con el objetivo de incluir mejoras en el expediente judicial electrónico y avanzar en la digitalización e interoperabilidad de los órganos judiciales, está provocando todo lo contrario, ralentizando el trabajo diario en los juzgados y generando situaciones de confusión, impotencia, estrés y desesperación entre los empleados públicos«, ha lamentado CSIF en una nota de prensa.

El vicepresidente del sector de Justicia de CSIF-A, Diego Díaz, ha criticado que este sistema de gestión «no sólo no pone solución a la lentitud que venía arrastrando la Administración de Justicia, sino que complica la actividad diaria de los trabajadores y trabajadoras hasta niveles insospechados en todos los ámbitos, agravándose aún más en el orden penal». Además, ha calificado de «nefastas» las consecuencias que está teniendo la «deficiente implantación» y la formación del personal para el uso de este programa, tanto para la labor diaria del personal de los juzgados como para la atención «adecuada» y el servicio que se presta diariamente a la ciudadanía.

En un escrito remitido a la Secretaría General de Infraestructuras Judiciales, la central sindical ha detallado cerca de una treintena de problemas detectados en la implantación del @driano y que van desde «dificultades» a la hora de realizar una simple búsqueda, modelos de resoluciones «inapropiados» por tener «fallos o estar incompletos», comandos que no funcionan, hasta ampliar los pasos a dar para conseguir una función que antes sólo requería de uno sólo.

En el caso de los asuntos relacionados con violencia de género, CSIF ha criticado que el nuevo sistema no permite etiquetarlos como tales, lo que se considerada «un fallo grave» puesto que es de «vital importancia» controlar este tipo de temas. Además, los Juzgados de Violencia en horario de tarde no han contado con formadores en @driano para las guardias, lo que ha provocado que el personal de este turno se vea falto de información sobre su uso.

Precisamente, la central sindical también ha explicado en el escrito remito a la Secretaría General de Infraestructuras Judiciales las «deficiencias detectadas» en la formación impartida a los empleados y ha detallado que, en muchas ocasiones, se ha llevado a cabo en juzgados que estaban «a pleno rendimiento y con multitud de gestiones en curso», provocando que el personal haya tenido dificultades de atención al verse obligado a simultanear ambas acciones, es decir, jornada de trabajo y formación.

El dirigente sindical ha explicado que con la evaluación de riesgos psicosociales que se ha solicitado a la Junta «queremos analizar los principales factores relacionados con la organización y las condiciones de trabajo, así como el entorno sociolaboral de las trabajadoras y los trabajadores de los órganos judiciales y valorar cómo afectan a su salud mental y física».

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