La familia del soldado Carlos León Rico, natural de El Viso del Alcor (Sevilla) y fallecido el pasado 21 de diciembre en una maniobra en un lago de la base militar cordobesa de Cerro Muriano, sede de la Brigada Guzmán el Bueno X; ha manifestado este martes a través de su letrado su oposición a que el caso sea instruido por la Justicia Militar y ha anunciado además que una vez declare en sede judicial el capitán responsable del ejercicio, solicitará como medida cautelar su ingreso en prisión provisional.
El abogado Luis Romero, que representa a los padres del soldado, fallecido aquella jornada junto al cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, de 34 años de edad y natural de Adamuz (Córdoba), al ahogarse ambos en el lago; ha celebrado este martes una rueda de prensa en Sevilla, para informar sobre la situación del procedimiento judicial.
En un marco en el que el Juzgado Togado Militar Territorial número 21, con sede en Sevilla, ha pedido al Juzgado de Instrucción número cuatro de Córdoba que se inhiba a su favor para que dicha instancia militar instruya el asunto, aceptando el juzgado dicha petición, según ha avanzado ABC y ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA); el letrado Luis Romero ha expresado la «oposición» de la acusación particular que ejerce a dicha medida, apostando por que el asunto sea investigado por el Juzgado de Instrucción número cuatro.
Y es que según ha precisado, la representación que ostenta, en la ampliación de su denuncia inicial, aprecia un supuesto delito de homicidio por dolo eventual, «no homicidio imprudente», una tipificación que no contemplaría la Justicia Militar, que en su tipo más asociable recogería además penas de apenas unos años de cárcel, inferiores a las de entre diez y 15 años de prisión previstas por el Código Penal para los homicidios por dolo eventual, según ha dicho.
Por eso, el abogado ha asegurado que recurrirá la citada decisión del Juzgado de Instrucción número cuatro de Córdoba de inhibirse en favor del Juzgado Togado Militar Territorial número 21.
Solicitud de prisión cautelar para el Capitán implicado
Además, ha anunciado que una vez declare en sede judicial el capitán responsable del ejercicio, solicitará como medida cautelar su ingreso en prisión provisional, a cuenta de su «negligencia» y por haber «puesto en riesgo» las vidas de los efectivos que participaban en la maniobra.
Y es que según ha asegurado, de las comparecencias de testigos se deduce que por mor del capitán, los efectivos atravesaron el lago sin línea de vida, sino con sólo una «cuerda de guía»; algunos de ellos, entre ellos el soldado fallecido, con una «pesa de castigo» de 3,5 kilos añadida a su mochila de más de ocho kilos y su fusil; sin dispositivo de prevención y asistencia sanitaria y con la presunta «orden» fatídica del propio capitán de descolgar la mencionada cuerda, entre otros aspectos.
Las acciones judiciales de la familia, como ha recordado, se dirigen contra este capitán, de apellido Zuñiga, y contra el resto de la «cadena de mando», aludiendo al teniente coronel, el coronel y el general de Brigada, cuya condición de investigados ha reclamado. Igualmente, ha señalado que los padres del soldado fallecido solicitan que el Ministerio de Defensa sea incluido en la causa como responsable civil subsidiario.
Si definitivamente la causa queda en la Jurisdicción Militar, según ha precisado el letrado, tendría que ser elevada al Tribunal Militar Central en el caso de que fuese aceptada la petición de que sean investigados los mandos de rango superior.
Temperaturas bajo cero
Luis Romero ha explicado que de las pesquisas iniciales del caso se desprende que a la hora de realizar el citado ejercicio de cruce del lago, el agua «estaba turbia» y a una temperatura de «cero grados o menos», había «mucho fango» y escasa visibilidad; además de que «no había una línea de vida», sino sólo una «cuerda guía»; «sin médicos alrededor», ni ambulancia, ni «un plan de riesgo» ni medidas de seguridad, extremos todos ellos que ha achacado al capitán Zúñiga y que ha tachado de «negligencia».
El soldado fallecido, así como otros tantos de los 15 que se sumergieron en el agua, pues la maniobra fue detenida cuando aún quedaban otros 60 efectivos por entrar en el lago, según el letrado, llevaba no sólo su equipamiento con cargas como el casco, el fusil reglamentario o una mochila de más de ocho kilos, sino además una «pesa de castigo» de 3,5 kilos que simulaba «una mina».
Este «castigo», según el letrado Luis Romero, fue decidido «por el capitán y los mandos» los días previos al ejercicio, exponiendo que el informe de la Guardia Civil determinaría que el soldado Carlos León arrastraba más de 12 kilos entre su mochila, «que no era estanca y que no flotaba»; y la citada mina simulada.
El Capitán conocía el peligro
En ese marco en el que el capitán «conocía los riesgos» que afrontaban los efectivos al someterse a dicho ejercicio, este mando habría llegado a «prohibir» a sus hombres agarrarse a la citada cuerda de «guía», avisando de que sólo podrían hacerlo «en caso de vida o muerte»; pues debían avanzar en el agua «pateando», si bien se «hundían» a consecuencia de las circunstancias en las que se desarrollaba la maniobra. Tal es la narración del letrado aludiendo a las primeras investigaciones policiales del asunto.
La situación habría llegado a tal, según el relato del abogado, expuesto merced a los testimonios de varios de los soldados que han testificado y el informe de la Guardia Civil, que finalmente diversos de los 15 efectivos que estaban en el agua, «congelados» de frío, agarraron la cuerda, motivando que la propia cuerda se hundiese. Aquello, según sus palabras, se tornó en un «sálvese quien pueda».
El «culmen», según ha asegurado merced a varios testimonios, fue cuando el capitán llegó supuestamente a «dar la orden de soltar la cuerda», que estaba sujeta a dos árboles situados a cada uno de los extremos del lago, presumiblemente con la idea de usarla para arrastrar a los soldados hasta tierra, extremo que no habría dado resultado por «mucho que tiraron de ella»; y que «redujo la capacidad de salvaguarda» de los militares. «Los testigos dicen que todo era un descontrol», ha aseverado el abogado señalando el contenido de las pesquisas.
En ese sentido, ha avisado de que «la tragedia podría haber sido mucho mayor» en el caso de que hubiesen entrado también el agua los restantes 60 efectivos que esperaban para participar en la maniobra; recriminando al capitán «esa falta de prevención y la puesta en riesgo» de las vidas de los soldados, porque el ejercicio fue llevado a cabo pese a todas estas circunstancias, «porque él quería, para instruirles para caso de guerra», cuando España no afronta esa situación.
